Adjuntamos la segunda parte del Informe sobre Gasto Social y Salarios en el Presupuesto 2017, elaborado por Claudio Lozano y Tomás Raffo. Para Lozano, “en el 2017 el gobierno propone un Presupuesto que se compromete a pagar $247.632 millones en concepto de intereses por deuda, al tiempo que va a dejar de recaudar por exenciones impositivas que incluyen regímenes promocionales para las grandes firmas, renta financiera, exenciones a jueces y funcionarios del Poder Judicial, y otras yerbas unos $314.932 millones”.
“Ese mismo presupuesto les propone a los trabajadores del Estado que terminen el año 2017 ganando un 12% menos que cuando asumió el Gobierno de Macri. Y ese mismo presupuesto les plantea a los pobres de la Argentina que el gasto social a invertir en el 2017 va a ser un 5% inferior en valores reales al que se invertía cuando Macri llegó a la Presidencia”.
Del Informe, participaron también Ana Rameri (responsable general), Pablo Tiscornia y Samantha Horwitz.
Síntesis y Conclusiones:
– El gasto en servicios sociales para próximo año alcanzará la suma de $1.512.642,1 millones. Ello implica un aumento del 29,1% en términos nominales y del 8,2% en términos reales considerando la pauta oficial de inflación del 19,4%. El aumento de la finalidad social es inferior al incremento proyectado para los servicios de deuda pública (del 11%).
– De todos modos, el aumento proyectado para el 2017 debe evaluarse en función de lo sucedido durante este año. Se prevé que el gasto social, al finalizar el año 2016 caerá un 3% en el marco de una tasa de inflación del orden del 40% desconsintiendo entonces cualquier argumento oficial que caracterizaba el conjunto de políticas sociales anunciadas durante este año, como una estrategia contracíclica para paliar los efectos de la política económica.
– Considerando el período 2015-2017 el incremento real del gasto social asciende al 5% al tiempo que el gasto social per cápita lo hace en apenas el 2,8%. De todos modos, considerando el nuevo contexto social de mayor pobreza resulta entonces, que el gasto social en términos reales habrá disminuido, desde el año 2015 hasta el 2017, en un -5,3%.
– La evolución proyectada para cada una de las principales finalidades del gasto social da como resultado que:
1) El gasto en salud cae en términos reales en casi un 3% lo cual abre serios interrogantes acerca de la efectividad de la puesta en marcha de lo que el oficialismo denomina “Cobertura Universal de Salud”.
2) La partida destinada a financiar los gastos de educación y cultura cae en términos reales en similar magnitud que el correspondiente a la salud (en un -2,5%).
3) La función Trabajo, en contraste con el cuadro recesivo de menor empleo imperante, es la finalidad que demuestra, para el próximo año, la caída más pronunciada del gasto social (-11%). Similar magnitud de caída se verifica para el caso de la partida de Agua Potable y Alcantarillado.
4) Las tres finalidades del gasto social que verifican el mayor aumento real son: Vivienda y Urbanismo (+33,7%), Promoción y Asistencia Sociales (+14,8%) y Seguridad Social (+10,7%).
5) En términos comparativo surge que el pago a los acreedores privados en concepto de intereses de deuda ($ 131.321 millones) representa: Tres veces el gasto que se destina a “Promoción y Asistencia Social”; Quince veces lo que se destina a la función “Trabajo”; Una vez y medio lo que se destina a la salud; Siete veces el monto de recursos destinado a ampliar el Agua Potable y Alcantarillado. Representa, incluso, más del doble de lo que destinará al programa de la “Reparación histórica de haberes jubilatorios” ($59.657 millones) junto con lo que se destinará a la “Pensión Universal para el adulto mayor” ($3.045,9 millones).
– Los dos programas más importantes de la finalidad Seguridad Social, Prestaciones Previsionales y Asignaciones Familiares, prevén aumentos en términos reales del 15% y 5,1% respectivamente, conforme a las medidas anunciadas durante el presente año como la ampliación del sistemas de asignaciones familiares a los monotributistas y la reactualización de los haberes jubilatorios entre otras medidas. De todos modos, es preciso destacar, en cuanto al sistema de asignaciones familiares, que las metas anunciadas oportunamente no parecen estar contempladas en el presupuesto para el próximo año al tiempo que, en base a las proyecciones oficiales de metas físicas, continúan quedando fuera de alcance de todo tipo de sistema de protección social es 2,7 millones de niños es decir, el 21% de la población menor de 18 años. En cuanto al sistema previsional, se destaca el bajo monto presupuestado asignado para la Pensión Universal por adulto mayor. Por último, los resultados de la fórmula de movilidad, que actualizan ambas prestaciones, arrojaron desde el inicio de la gestión de Cambiemos una caída cercana al 10% de su poder de compra que parece no resarcirse en los números del próximo año.
La política en materia de ocupación y salarios destinada a los empleados públicos parece continuar la misma tendencia al disciplinamiento social. Luego de la primera ola despidos, el objetivo oficial de alcanzar una “planta óptima y eficiente” parece inaugurar una segunda ola. Adicionalmente en la cuestión salarial, el año 2016, si bien no concluyó, en función de los resultados de las paritarias cerradas y el aumento de precios proyectado, se verifica que el salario de los estatales queda nuevamente retrasado, en el orden del -6,4%. Por lo tanto, si consideramos el deterioro acumulado desde el año 2011, se concluye que la caída salarial será de aproximadamente el 13%. Para el próximo año el aumento del 17% -desglosado en los meses de Julio (9%) y Septiembre (8%)- que en principio se prevé implica un incremento promedio efectivo de apenas el 7,17% y un deterioro del poder de compra del -7,8% durante la primera parte del año 2017, que logra disminuirse levemente luego del primer aumento hasta llegar al mes de Agosto. En concreto el Presupuesto le propone a los estatales que soporten durante ocho de los doce meses del año, una pérdida de importante magnitud en sus salarios. De esta manera se verifica que, de cumplirse las metas oficiales, la estrategia oficial desde que inició el gobierno radica lograr un retroceso salarial de los empleados públicos de entre un 10% y 12%.
